El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la persona de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la Junta de Castilla y León, en la de su presidente, Juan Vicente Herrera, se ponen de acuerdo para convertir la sobreoferta de ladrillo libre en la región en 30.000 viviendas protegidas. Corredor ha puesto este acuerdo como "ejemplo de consenso en beneficio de los ciudadanos..."

Beatriz Corredor ha firmado este lunes, en presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, este acuerdo con la Consejería de Fomento, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Entidades Financieras Colaboradoras, el Colegio de Notarios, el Decanato de Registradores y el Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León.

El mismo facilitará la conversión en viviendas protegidas del stock de viviendas libres sin vender en Castilla y León, que según el informe del Ministerio de Vivienda se elevaba a 40.000 viviendas a finales de 2008, de las que 30.000 son susceptibles de calificarse como viviendas protegidas.

Es una medida para satisfacer la demanda de entidades financieras

Herrera precisó que estas 30.000 viviendas son propiedad de empresarios y entidades financieras y son susceptibles de acogerse a esta medida en la región. En ese momento, aclaró también que la salida del stock de vivienda es una medida para satisfacer la demanda de empresarios, pero sobre todo, de las entidades financieras.

El presidente de la Junta reconoció que esta medida no generará empleo a corto plazo, pero que quitaría "una piedra del camino". Desde el punto de vista económico, "esta situación de inmovilización provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan paralizados", informa Ical.