La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha hecho eco de una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja la desigualdad e injusticia social existente en España como consecuencia de la clase social, del género, del país de orígen o del territorio donde se trabaja.

Así, según esta encuesta, las condiciones laborales en el territorio nacional dependen de:

1. La posición que se ocupa en la escala social y en la empresa. Los directivos de las empresas de más de 10 trabajadores ganan 61.660,60 euros, tres veces más que el salario medio (20.390,35 euros).

2. Ser hombre o mujer. La ganancia media anual se sitúa en 20.390,35 euros. Los hombres tienen una ganancia media de 22.780,29 euros y las mujeres de 16.943,89 euros. Además, esta desigualdad se padece en todas las franjas salariales (en la franja alta las remuneraciones de la mujer son menores en un 50%; en la franja media son significativamente menores; y en la franja baja, las mujeres que perciben el SMI suponen casi 3 veces la de los hombres).

3. La nacionalidad: Un asalariado nacional (media de ambos sexos), percibe 20.390 euros. Si es de algún país europeo no perteneciente a la UE, percibe 12.630 euros y si es de algún país de América Latina percibe 13.494 euros.

4. Lugar de residencia. Mientras una persona asalariada que reside en Madrid percibe 24.242,08 euros, otra que trabaja en Extremadura, se tiene que conformar con 16.298,30 euros. La desigualdad entre el extremo alto y el bajo, suponen 8.000 euros, es decir perciben un 33% menos.

5. El tipo de contrato laboral. Si la persona asalariada tiene un contrato temporal (más de 5 millones de españoles), su ganancia media anual disminuye en un 31,4% con respecto a la de una persona asalariada con contrato indefinido.

6. El sector laboral. En el sector financiero, el salario medio es de 38.870,30 euros, mientras que en el sector de hostelería su salario se queda en 14.000,12 euros.

Esta desigualdad social reflejada en la estructura salarial aumenta o disminuye según las políticas fiscales que se apliquen, pudiendo servir de corrección o de agravante de dicha desigualdad. Según CGT las políticas fiscales progresivas, redistribuyen la renta ya que contribuyen más quienes perciben más rentas mientras que con las políticas fiscales regresivas, quienes menos perciben, que somos la mayoría, financiamos las rentas y patrimonios de la minoría rica.

Las políticas fiscales, desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (1993) de los distintos gobiernos del estado español, se han puesto al servicio de los ricos, poderosos, financieros y multinacionales. Desde la Confederación General del Trabajo se continúa afirmando que "todos han legislado para limitar el déficit del estado al 3% y que la deuda no sobrepase el 60%, actuando sobre los gastos y reduciendo sensiblemente los gastos sociales (la sanidad pública en regresión; los subsidios de desempleo no garantizan ni en cuantía ni en tiempo la posibilidad de una vida “digna”; las pensiones siguen sin cubrir las necesidades vitales para llegar a la suficiencia; no existen escuelas infantiles públicas suficientes; no se protege a las personas con dependencia; la pobreza relativa y absoluta o la exclusión agarra cada vez a más personas).

La medida fiscal de subir el IVA, adoptada en la propuesta de PGE para el 2010, no sólo es una estafa por requerir, de la inmensa mayoría de la población, que transfiramos nuestras escasas rentas salariales (el 63% de la población asalariada percibe menos de 1.100 euros) y nuestras exiguas prestaciones de desempleo (medias de 833 euros) o pensiones (medias de 735 euros), a las arcas públicas, a través del IVA general en el consumo vital (alimentación, transporte, energía), sino que, además, actúa en el sentido contrario de la equidad, pues el sistema financiero, sigue con los avales y fondos de reserva garantizados con dinero público, los empresarios que son quienes destruyen empleo y despiden a miles y miles de personas, siguen percibiendo de las arcas públicas más de 10.000 millones de euros por medio de políticas denominadas 'fomento de empleo' y reducciones significativas de sus impuestos (bien de rentas de capital, bien de impuestos de sociedades)".