En enero de 2007, una imagen sorprendía a toda la sociedad. Miles de guardias civiles
vistiendo su uniforme reglamentario se manifestaban en Madrid. La pregunta generalizada que
se hizo entonces la ciudadanía es qué estábamos haciendo con los guardias civiles -que si por
algo se han caracterizado es por ejercer un trabajo callado, eficaz y sufrido en cuanto a
condiciones laborales precarias, - para que se lanzaran a la calle de esta manera, arriesgándose
a fuertes sanciones que, efectivamente, llegaron implacablemente a los dirigentes de la
Asociación promotora.

Derechos ¡Ya!, fue el lema de aquella manifestación. Derechos, por cierto prometidos por
todos los partidos políticos, y en especial por el Grupo parlamentario del PSOE. Ese mismo año,
y tras la referida protesta, el Parlamento aprobaba dos Leyes para esta Institución; derechos y
deberes y régimen disciplinario.

Lo que en la práctica no iba a suponer ningún avance importante para los maltratados
trabajadores de la guardia civil. Pues la más que necesaria modernización de la Guardia Civil se
rebeló como mero espejismo, ya que el Ejecutivo no mostraba el menor interés en impulsarla,
ni en cumplir los mandatos y plazos legales que estas leyes establecen. Eso, junto a otros
olvidos a los que tradicionalmente nos vemos sometidos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, como unas retribuciones menores al resto de policías autonómicas y locales, se
agitó en un nuevo cóctel de inconformismos que derivó en la mayor manifestación conjunta de
policías y guardias civiles en octubre de 2008.

Mientras la sociedad volvía a preguntarse qué pasaba en la Guardia Civil y llegaban otra vez las
consabidas sanciones a los representantes de las asociaciones, el Gobierno parecía
concienciarse que algo había que hacer. Pero los tímidos avances que el Ejecutivo ha iniciado
han chocado de frente con la cúpula inmovilista del Cuerpo.

Y en esa nos encontrábamos los guardias civiles, es decir, expectantes y en parte insatisfechos
por una insuficiente gestión gubernamental, cuando nos ha tocado contemplar con
consternación como guardias civiles vuelven a ser procesados por la jurisdicción militar,
pendiendo sobre ellos sentencias con penas de cárcel, por meras faltas laborales que para
cualquier otro ciudadano no pasaría de una multa de unas pocas decenas de euros.

Donde lo primero que llama la atención es cómo puede mantenerse en nuestro Estado de
Derecho, Tribunales de Justicia formados por funcionarios de la carrera castrense, que no son
jueces. Y es que la obsesiva aplicación del inflexible Código Penal Militar, a los guardias civiles
por parte de tribunales militares, más parece el impulso de un auténtico “lobby”, que ejerce
como tal, para no perder competencias y destinos, a costa de mantener relaciones forzadas
entre la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas - incluso por encima del espíritu de la ley - que en
garantizar la disciplina del Cuerpo.

El Gobierno, por tanto, debe definir de una vez por todas, las pretendidas “misiones militares”
de la Guardia Civil, si es que existe alguna. Persiste un mandato legal para hacerlo y la situación
no puede demorarse más.

Esta normativa, otorgaría una mayor seguridad jurídica a los miembros de la Guardia Civil, y
ayudaría a evitar la aplicación torticera de las leyes penales militares en las funciones
ordinarias – las cotidianas, las habituales, en definitiva, las que les confiere el artículo 104 de la
Constitución Española - como cuerpo de policial, completando el régimen estatutario definido
en las dos Leyes Orgánicas aprobadas en 2007, que el Parlamento diseñó para la Guardia Civil
del siglo XXI.

Entretanto y en contraposición, a día de hoy, sólo en Navarra hay casi trescientos penados por
diversos delitos, cumpliendo condena con una pulsera de localización, en casa, con la familia;
por no hablar de los entresijos judiciales que de forma lamentable, acaban con la fuga de una
etarra procesada. Y en ese caldo de cultivo de descontento, llegamos a este verano, donde la Guardia Civil ha sufrido, otra vez, el sórdido ataque terrorista.

Hoy es lamentablemente premonitoria la insistencia frustrada de AUGC para que la nombrada
Ley Orgánica de derechos, hubiera recogido también el derecho fundamental a la seguridad.
Porque si nuestra profesión entraña riesgos que son asumidos sin dudar, con la misma
determinación exigimos el necesario respaldo del Gobierno en materia de seguridad de los
guardias civiles y de sus familias. No son justificables las deficiencias en su protección que
padecen muchas de nuestras instalaciones. Si tiene que morir otro guardia civil, que no sea por
falta de inversión presupuestaria. Y si de algún sitio hay que recortar, hágase en los sueldos,
dietas y demás prebendas de los altos cargos de las administraciones, no a costa de mantener
la situación tercermundista que sufrimos los guardias civiles.

Del mismo modo, ha de formularse una llamada de atención a los poderes del Estado a que
reconsideren y endurezcan el tratamiento penal que se les aplica a los terroristas. Porque, aun
con limitaciones, todavía pueden acogerse a beneficios penitenciarios, que obviamente, poco
están haciendo por su reinserción y, por el contrario, sólo sirven para alentar sus esperanzas
de un “final negociado” de ETA.

Por todo lo anterior, no puede hablarse de un escenario tranquilo. Al contrario, todo sigue en
plena agitación, en plena polémica y con un grado de malestar e insatisfacción real y creciente;
motivada porque los miembros de este Cuerpo policial al servicio de la sociedad, se sienten
engañados por el Gobierno. Incluso es probable que la situación derive en nuevas protestas
públicas. Volverán entonces las sanciones disciplinarias y nuevamente nos haremos la misma
pregunta: qué estamos haciendo con nuestros guardias civiles.

Alberto Moya (AUGC)