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Zoquejo
Viernes, 27 de julio de 2012

Sanjosé denuncia el desinterés del PP de Segovia por defender a los 7.000 dependientes de la provincia y a sus cuidadores

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La Secretaria Provincial de Bienestar Social del PSOE de Segovia, Ana Sanjosé, denuncia el pasotismo y desinterés que muestran los representantes del PP de Segovia a la hora de defender de los ataques del Gobierno de Rajoy a los 7.000 segovianos dependendientes, casi todos con pensiones bajas y a sus cuidadores, la mayor parte mujeres.

Sanjose explica además que “el Gobierno del PP lo hace por la puerta de atrás, con cobardía como lo hace todo. Como no se atreve a derogar la Ley de Dependencia, la vacía y la deja sin posibilidad de aplicarla”.

Así, todas las decisiones tomadas por el Gobierno del PP, y que han supuesto la modificación de la Ley, “se han hecho sin escuchar ni dialogar con nadie”, apunta. “Las primeras decisiones de paralizar la Ley para los dependientes moderados y de eliminar el nivel acordado en los PGE se hicieron sin consultar a CCAA, sin informar a los órganos consultivos de la Dependencia y sin dialogar con partidos políticos. Y la reforma de la Dependencia también se ha hecho por la puerta de atrás, camuflando las medidas en un Decreto-ley mucho más amplio con otros recortes de calado, evitando en todo momento informar sobre su contenido, y oponiéndose a su tramitación como proyecto de ley”.
 
Y todo ello ante los presidentes de la Junta, Juan Vicente Herrera y de la Diputación provincial de Segovia, Francisco Vázquez, que no han hecho nada para evitarlo, y que meses antes sacaban pecho ante las cifras del Observatorio de Dependencia que ponían a Segovia a la cabeza en cuanto al nivel de cumplimiento.

“Vázquez hasta se reunió con 80 profesionales de la atención social–indica la responsable socialista- y presumía de unos servicios sociales de calidad a los vecinos de la provincia”.

En este sentido, Sanjosé pregunta a los dirigentes populares segovianos quién va a atender a nuestros mayores o como se van a costear una residencia privada, ya que acceder a plazas públicas y concertadas (unas 1.200 en toda la provincia) es prácticamente imposible.
Recuerda que en total en la provincia se ofertan 1.700 plazas privadas, con lo que hay ocho plazas públicas y privadas por cada cien mayores de 65 años, “un porcentaje claramente insuficiente; de ahí también el relevante papel de los cuidadores familiares. Además, el precio de las residencias privadas está fuera del alcance de muchos segovianos”, aseguró.

Además, la socialista asegura que es un doble ataque, a los mayores y a las mujeres, ya que muchas mujeres en situación de dependencia son mayores de 80 años, si recursos de antención en su entorno y con pesiones muy bajas, y que ahora les dejan en una grave situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

PRINCIPALES RECORTES


•    Reducción del 15% de la cuantía establecida para la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

•    Suspensión del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

•    Paralización de la Ley, en un período máximo de dos años, para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar.

•    Paralización de la Ley, hasta el 1 de julio de 2015, para los dependientes moderados.
•    Reducción del 13% de la aportación de la AGE para la financiación del nivel mínimo de protección (200 millones de euros).

•    Supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado, de manera que ahora se clasifica a los dependientes en gran dependiente, dependiente severo y dependiente moderado. Así algunas verán rebajado el grado que tenían reconocido y otras serán expulsadas del sistema.

•    Se incluye un nuevo régimen de incompatibilidad de las prestaciones, en el que se declara la incompatibilidad de las prestaciones económicas entre sí y con los servicios del catálogo, salvo con los de prevención, de promoción de la autonomía personal y de teleasistencia. También serán incompatibles los servicios entre sí.

•    El Real Decreto sobre copago, aprobado en el último Consejo Territorial, eleva la participación de las personas beneficiarias en el pago de los servicios y prestaciones, utilizando la renta y el patrimonio (se incluye el 5% del valor catastral de la vivienda habitual) e incorporando la figura del reconocimiento de deuda.









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