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Zoquejo
Viernes, 4 de mayo de 2012
CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS ROBOS EN EXPLOTACIONES AGRARIAS Y GANADERAS

La Delegación del Gobierno y la Junta suscriben el plan especial de colaboración sobre seguridad en el medio rural

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Mediante el Plan especial de colaboración y de coordinación de actuaciones que hoy suscriben el delegado del Gobierno de España en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano –acompañado por el general de la 12 Zona de Castilla y León de la Guardia Civil, Alfonso Santos-, y la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente Municio, se materializa el compromiso adquirido poco después de su toma de posesión por el representante del Gobierno nacional en la Comunidad de reforzar la seguridad en las zonas rurales de Castilla y León, y especialmente en las explotaciones agropecuarias; este plan especial de colaboración y coordinación de actuaciones en materia se seguridad en el medio rural es el primero de estas características que suscribe la Delegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León.

[Img #14811]Territorio y población de la Comunidad

En los antecedentes que figuran en el texto del plan especial de colaboración, se destaca que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con 94.255 kilómetros cuadrados, es la tercera región más extensa de la Unión Europea (UE), y en su tejido territorial  tiene primordial importancia el medio rural: los 2.126 de menos de 20.000 habitantes representa el 95% de los municipios y el 46% de la población vive en zonas rurales, frente al 10% de la medida de España y el 18% el conjunto de la UE.

Asimismo, se resalta la existencia en Castilla y León de más de quinientas mil hectáreas de cultivos de regadío, y el importante esfuerzo realizado por las administraciones y también por los agricultores y ganaderos para la modernización de las explotaciones, con el fin de reducir los costes de producción y uno uso más eficiente del agua de riego. A este respecto desde las Administraciones se han invertido en los últimos cinco años 475 millones de euros y una actuación en 71.000 hectáreas, mientras que los agricultores de Castilla y León han realizado inversiones en sus explotaciones contando con ayudas públicas de más de 495 millones de euros.

Por otra parte, Castilla y león cuenta con 104.000 explotaciones agropecuarias, siendo la Comunidad Autónoma que ocupa el primer lugar en censo de ganado vacuno y de ovino, y el segundo en porcino y aves de puesta.   

Robos en explotaciones agropecuarias

Desde la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura y Ganadería se resalta que los robos que se están produciendo en algunas de estas explotaciones agrarias de Castilla y León causan importantes daños y graves perjuicios económicos, menoscabando la productividad y rentabilidad de las explotaciones, así como poniendo en riesgo el futuro de las inversiones realizadas.

Sin olvidar, en este contexto, que las explotaciones ganaderas de Castilla y León también son objeto de robos en sus equipos tecnológicos y, en algunos casos, sufren la sustracción de animales.

Teniendo en cuenta esta realidad, aunque no se ha incrementado el número de robos respecto al pasado año, además de la efectiva intervención de la Guardia Civil en la mayoría de los casos, el Gobierno de España, a través de la Delegación, lleva varios meses trabajando en el campo de la concienciación y la seguridad, y la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería pretende colaborar y cooperar activamente mediante este plan especial para mantener la seguridad en el medio rural y prevenir los robos que las explotaciones agrarias vienen sufriendo.

Análisis de la Guardia Civil

En su análisis de la situación y sobre los robos en explotaciones agrarias y ganaderas, la Guardia Civil, cuerpo que tiene encomendada las tareas de prevención y persecución de los delitos en gran parte del territorio rural de Castilla y León (medio rural), señala como aspectos más relevantes los siguientes:

- Gran extensión de la demarcación a cubrir.

- Las instalaciones, normalmente ubicadas en zonas despobladas, no suelen contar con medidas de seguridad pasivas.

- Los actos delictivos se producen en ausencia de testigos, lo que dificulta la obtención de información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

- Estos robos producen daños graves, no sólo desde el punto de vista económico para su propietario, sino que tienen una gran repercusión en el funcionamiento de la explotación que en ocasiones llega incluso a paralizar su actividad.

- Las características de los delitos relacionados responden a unos criterios predominantes en los siguientes aspectos: Tipos de instalaciones más vulnerables, proximidad a vías de comunicación, características de los objetos sustraídos, métodos de vigilancia y elección del objetivo, formas de acceso a la instalación agraria o ganadera, medios de aproximación y huida tras el robo, sistema de carga del material robado y posterior venta, días/franjas horarias de comisión de las infracciones y perfil de los posibles autores.

- Reiterada comisión de determinadas infracciones penales menores en el campo.

- El sistema de seguimiento de la Guardia Civil detecta este problema y los afectados por los robos en el campo alertan al Ministerio del Interior, llamando inmediatamente al teléfono de 062 o a otros teléfonos de emergencias como el 112.

Principales ejes de actuación conjunta

El Plan suscrito entre la Delegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León establece como ejes principales de actuación conjunta los siguientes:

- Concentrar el esfuerzo principal de las Unidades de la Guardia Civil de seguridad ciudadana hacia los robos en instalaciones agrícolas y ganaderas.

- Apoyo sistemático a las Unidades Territoriales por las Unidades de Reserva, que estarán situadas en localidades próximas a zonas de especial incidencia.

- Máxima colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

- Colaboración con la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para facilitar información georeferenciada, basada en el sistema GIS, que permite identificar y visualizar con claridad y precisión la mayor o menor vulnerabilidad de las distintas zonas del territorio rural de la Comunidad, de las explotaciones tanto agrícolas como ganaderas, que pueden ser objeto de robos o de cualquier otro tipo de daño en sus instalaciones, así como de las instalaciones e infraestructuras de riego en las zonas regables de la Comunidad Autónoma.

- La Delegación del Gobierno en Castilla y León y la Junta de Castilla y León, a través de sus nueve Subdelegaciones del Gobierno y de las 127 unidades administrativas territoriales con las que cuenta la Consejería de Agricultura y Ganadería repartidas por las nueve provincias de la Comunidad, pondrán a disposición de los agricultores y ganaderos el Decálogo de Prevención de Seguridad en el Medio Rural, que a tal efecto editará la Delegación del Gobierno en Castilla y León, sin perjuicio de que dicho decálogo esté a disposición de cualquier usuario de las webs de la Delegación del Gobierno en Castilla y León y de la Junta de Castilla y León. Asimismo se edita y distribuirá un folleto explicativo sobre la realidad, características de este tipo de robos y los ejes de actuación.

Intervenciones del delegado del Gobierno y la consejera de la Junta

Tras la firma del acuerdo, el delegado del Gobierno ha afirmado que los robos en explotaciones agropecuarias de Castilla y León es un asunto preocupante, de ahí la puesta en marcha del Plan, pero no alarmante; ‘Castilla y León –ha reiterado- es una comunidad segura para vivir, para trabajar, para invertir, para desarrollar una labor tan pegada a Castilla y León como la agricultura y la ganadería’, recordando que durante el primer trimestre de este año el número de infracciones acaecidas en  la Comunidad se ha reducido en un 1,53% con respecto al mismo periodo de 2011, pasando de 8.054 a 7.931, y que en 2011 las infracciones registradas en Castilla y León por cada mil habitantes fueron 32,8, mientras la medida nacional fue 48,4, y en los países de la UE de 64,9, ‘si bien –ha concluido-, nuestra obligación es seguir trabajando para que no se produzca ninguna infracción ni delito’.

Ruiz Medrano ha subrayado que al poco de tomar posesión como delegado del Gobierno, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta manifestó su disposición a colaborar en la mejora de la seguridad en el medio rural, especialmente en lo referido a explotaciones agropecuarias, y la inquietud sobre el asunto que le han hecho llegar, en reuniones y contactos, las organizaciones profesionales agrarias; todo lo  cual, tras semanas de trabajo conjunto, ha llevado a la elaboración del Plan.

No obstante, el delegado del Gobierno ha querido dejar claro que un plan de estas características no puede ser eficaz sin la implicación de los ciudadanos del mundo rural: ‘un aviso a tiempo, una mínima sospecha, la presencia no habitual de alguien en un lugar, pueden servir para evitar un delito o esclarecer otro ya cometido’, ha dicho.

Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, después de destacar la sensibilidad del delegado del Gobierno con respecto a la seguridad en el medio rural, ha recordado que, si bien la seguridad en general la tienen encomendada en el territorio de la Comunidad Autónoma las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la  Consejería que ella dirige, por sus propias competencias, tiene información sobre las características de las explotaciones agrarias y ganaderas de gran valor, para prevenir, perseguir e investigar los robos, información que, además, solo puede facilitar en relación con la seguridad, y que este fue el ofrecimiento que hizo llegar al delegado del Gobierno y que ahora se ha materializado con la firma del Plan.

La consejera Silvia Clemente ha desgranado algunos de los datos con que cuenta su Consejería sobre las explotaciones agrarias y ganaderas de la Comunidad: ubicación, valor de las explotaciones, inversiones que realizadas para mejorarlas… Todos ellos, con una valoración sobre las que pueden ser más vulnerables o más atractivas para los delincuentes, serán puestos a disposición de la Guardia Civil, mediante una relación más estrecha con las unidades administrativas de la propia Consejería en cada territorio.

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